El Parlament balear ha aprobado, con los votos de PP y Vox, la ley que prohibirá en las islas las macrogranjas avícolas de más de 160.000 gallinas. La incógnita que sobrevolaba el pleno de este martes radicaba en si los conservadores darían apoyo a las enmiendas presentadas por la extrema derecha para colar la supresión del catalán como requisito laboral para acceder a la sanidad pública -una medida que ya está siendo aplicada a través de un decreto específico, pero no mediante ley- y la legalización de los campos de polo que se encuentran en situación irregular en las islas. A pesar de no tener nada que ver con la nueva normativa, los populares se han posicionado a favor de tales propuestas y las ha incorporado al texto.

La ley de macrogranjas comenzó a tramitarse a raíz de la polémica generada en torno a la fallida construcción, a las afueras del municipio mallorquín de Sineu, de una macroexplotación en la que los promotores pretendían albergar 750.000 gallinas. Sin embargo, la normativa resultante de la aceptación de las propuestas de Vox, como critican desde las formaciones de izquierdas, “nada tiene que ver” con la iniciativa original y dará vía libre a la actividad de los campos de polo, que, como pudo comprobar elDiario.es, continúa practicándose de forma clandestina en instalaciones construidas en suelo rústico.

La oposición critica, además, que las enmiendas de los de Santiago Abascal hayan “acelerado” que esta misma semana se haya debatido la normativa, teniendo en cuenta que los presupuestos autonómicos serán debatidos -y previsiblemente aprobados con el apoyo de Vox- el próximo mes de julio.

Tal como reclamaba Vox en sus enmiendas, el Govern de Marga Prohens modificará la ley agraria impulsada bajo la primera legislatura de la Francina Armengol con el objetivo de que las actividades ecuestres vuelvan a tener la consideración de actividad complementaria de las explotaciones agrarias. No en vano, este deporte comenzó a causar furor en Balears –principalmente entre los extranjeros de mayor poder adquisitivo– a partir de la aprobación, en 2014, de la ley agraria balear de José Ramón Bauzá (PP), que declaraba el sector equino una prioridad estratégica de la política agraria de las islas.

Durante su intervención en el pleno, el conseller de Agricultura, Joan Simonet, ha defendido la normativa, amparada en la directiva europea y en reales decretos estatales de regulación de tamaños y distancias de las explotaciones avícolas intensivas. Alega, además, que el decreto solo pretende regular aquello que no establece el real decreto avícola estatal.

Por su parte, el portavoz adjunto del PSIB-PSOE en el Parlament, Marc Pons, ha criticado que la ley de macrogranjas lleve aparejada “una contrapartida que nada tenía que ver con el fin” de esta normativa. “Básicamente, como siempre, para castigar el catalán y para legalizar algunos proyectos concretos, como el campo de polo de Campos”, ha deslizado en referencia a las instalaciones ecuestres ubicadas en suelo rústico en el término municipal de Campos, donde jugadores furtivos disfrutan de un deporte promocionado durante años por los sucesivos gobiernos del PP en Balears.