El magistrado Ángel Hurtado ha decidido procesar y dejar al borde de juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración del correo con la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El juez también dicta auto de procedimiento abreviado contra la fiscal provincial de Madrid. El email, dice el juez, tenía “información sensible” y el fiscal general actuó siguiendo “indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno” para “ganar el relato”.

El auto de procedimiento abreviado llega ocho meses después de que el Tribunal Supremo abriera la causa contra el fiscal general después de medio año de diligencias en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Una causa que llegó a tener tres imputados –la causa terminó archivándose contra Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica– y en la que han testificado 18 personas. Entre ellas el propio González Amador y su abogado, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, varios fiscales y trabajadores de la Fiscalía y una decena de periodistas.

Desde el principio del caso, el juez Hurtado ha mantenido la misma teoría y la misma sospecha: que en la noche del 13 de marzo de 2024 el fiscal general y sus colaboradores más cercanos obtuvieron del fiscal Julián Salto el correo en que González Amador se ofrecía a confesar su fraude fiscal de 350.000 euros para después filtrar el documento a la prensa. La prueba clave para Hurtado son los mensajes que la Guardia Civil encontró en el teléfono de Pilar Rodríguez, que no aportan datos sobre una posible filtración pero sí revelan con detalle cómo fueron los movimientos internos de la Fiscalía General para obtener esa información.

La versión que han dado desde el principio tanto el fiscal general como la fiscal provincial de Madrid es que recabaron la información del caso cuando, una vez denunciado, descubrieron que Alberto González Amador era pareja de Isabel Díaz Ayuso. También que en la noche del día 13 de marzo sacaron al fiscal Salto de un partido de fútbol para que les pasara esos correos y poder emitir un comunicado con el que desmentir informaciones falsas sobre el caso que publicaban varios medios y difundía Miguel Ángel Rodríguez. Pero que nunca autorizaron que esa información acabara en manos de los medios de comunicación.