El plan piloto de la Generalitat de Cataluña para desplegar agentes de los Mossos d’Esquadra de manera permanente en institutos de secundaria conflictivos, adelantado por EL PAÍS, ha cosechado este jueves, con apenas alguna excepción, un claro rechazo de los representantes de la comunidad educativa, tanto catalana como del conjunto de España. Sindicatos de enseñanza, federaciones de familias de alumnos y asociaciones de estudiantes consideran que el Govern se equivoca de enfoque, y que debería dirigir los recursos a reforzar las plantillas de los centros educativos. Con el agravante, añaden, de que la Generalitat pone en marcha el plan tras haber recortado el personal dedicado a las labores de integración social en los centros educativos catalanes. De los 420 profesionales de perfil social que había el curso pasado en los centros catalanes, calculan, se ha pasado este curso a unos 300, según estimaciones de la Fundación Bofill. El Ministerio de Educación —que, como la Generalitat, dirigen los socialistas—, ha evitado pronunciarse sobre la medida argumentando que no conoce “su contenido concreto”.

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