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La decisión pone fin a la vía administrativa, pero los descendientes del dictador pueden seguir litigando en los tribunales
La tibieza punitiva permite a la familia Franco sortear la obligación de abrir al público la Casa Cornide en A Coruña
La Xunta ha declarado firme la multa de 3.000 euros a los descendientes de Francisco Franco por no abrir al público la Casa Cornide, que es bien de interés cultural (BIC) desde hace algo más de dos años. Esta figura obliga a los propietarios de los bienes a abrirlos al público al menos cuatro días al mes durante cuatro horas, según un calendario comunicado previamente. Pero este palacete ubicado en la ciudad vieja de A Coruña continúa cerrado.
Cuando el Gobierno gallego propuso multar a la familia del dictador, estos presentaron un recurso contra esa decisión en vía administrativa. Ese proceso ha quedado resuelto con la confirmación de la sanción, según informa Europa Press, que cita a fuentes de la Consellería de Cultura.
El proceso para multar a los descendientes del dictador empezó cuando ya se había cumplido más de un año de incumplimiento. Es la Lei do Patrimonio Cultural de Galicia la que recoge las sanciones. Incumplir la obligación de facilitar la visita pública se considera una infracción leve, que conlleva multas de entre 300 y 6.000 euros. En el proceso actual, la Xunta optó por el nivel intermedio.
En los intercambios entre el Gobierno gallego y la familia Franco sobre la Casa Cornide, los descendientes del dictador trataron de convencer a la Xunta de que el inmueble es una vivienda habitada. Ese es uno de los supuestos previstos en la ley para quedar eximidos de la obligación de abrir un BIC al público. Pero la Consellería de Cultura rechazó el argumento: el palacete apenas tiene muebles, “por lo que no parece probable que sea domicilio particular de sus propietarios”. Esa fue la respuesta dada por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural con la información recabada en una visita hecha el 7 de marzo de 2023.
La decisión de la Xunta no cierra las alternativas para que los Franco sigan litigando. Al declarar firme la multa se cierra la vía administrativa, pero los descendientes del dictador pueden recurrir a la judicial y emprender acciones en el ámbito contencioso-administrativo.