En los albores de la Edad Contemporánea, la escolarización de masas fue concebida como la palanca que traería al pueblo conocimiento y razón, librándolo del prejuicio y el oscurantismo que se atribuían a la ignorancia y la religión. Paternalismo obvio, pero tenía sentido frente al horizonte parroquial y el dominio eclesiástico. La condición de la democracia era la demopedia (Proudhon), la educación del pueblo. La escuela sería un santuario republicano (Ferry, Buisson) y los maestros sus húsares negros, sus sacerdotes (Peguy, Pagnol, Llopis). En distintas formas, el lazo necesario entre democracia y educación está también en Mann y Dewey, Azaña y Llopis, cabe decir por doquier. Entre nosotros, está implícito en la ley de 1931 y ya explícito en las de 1980 y 1985; sobre todo, se ha tornado central en la hagiografía del magisterio republicano y en la tradición afrancesada del profesorado de secundaria. Educación y participación política se antojan inseparables, bien sea por potenciar las capacidades del pueblo, para moderar sus demandas o, simplemente, porque se conciben ambas como parte de un mismo impulso histórico.

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