Ha pasado una década desde la publicación de los Papeles de Panamá en 2016, una filtración masiva de documentos que mostró cómo políticos, empresarios, celebridades y hasta criminales se apoyaban en sociedades de territorios con ventajas y opacidad fiscales (offshore) para ocultar su patrimonio, evadir impuestos o lavar dinero. La fuga de datos desató la indignación de la ciudadanía y provocó crisis políticas. También llevó a un endurecimiento de las normas de intercambio de información bancaria entre países, una medida que redujo de forma considerable la proporción de riqueza escondida sin declarar, del 95% de inicio de siglo a cerca del 27%. Aun así, todavía quedaban unos 3,55 billones de dólares (cerca de 3,1 billones de euros) sin tributar en territorios offshore —una cifra que supone cerca del doble del PIB de España— en 2024. Y el 80% de ese dinero están en manos del 0,1% más rico del planeta, según estima la ONG Oxfam Internacional.

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