El Tribunal Supremo avala el desmantelamiento de la estación de esquí de Navacerrada. Los magistrados han inadmitido los recursos de la Junta de Castilla y León y la empresa que gestiona las pistas contra la sentencia judicial que, en 2024, dio la razón al Gobierno y ordenó que se activara el desmontaje de la infraestructura cuya licencia caducó en 2021.

En una providencia a la que ha tenido acceso elDiario.es, el Supremo rechaza por “falta de fundamentación suficiente” las peticiones de que se revisara la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la que se estableció que el Ejecutivo autonómico de Alfonso Fernández Mañueco (PP) tenía la obligación de tramitar el expediente de caducidad de la autorización para ocupar el monte público por donde discurren las pistas.

El propietario del terreno –el Organismo Autónomo Parques Nacionales– había decidido que, una vez terminado el plazo de la concesión, no hubiera más esquí en esa zona por su alto impacto ambiental en una zona colindante con el Paque Nacional de la Sierrra de Guadarrama.

El Partido Popular hizo de esta decisión un casus belli político. Tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el castallano y leonés, Mañueco, se plantaron en la estación para anunciar que la infraestructura seguiría funcionando. A partir de ahí comenzó el periplo judicial que ha terminado en la decisión del Supremo.

Aquella sentencia del TSJCL, que ahora queda refrendada por la decisión firme del Alto Tribunal, también se ordenaba que es la comunidad autónoma la que debe obligar a la empresa concesionaria Puerto de Navacerrada-Estación de Esquí, S.A. a que cumpla con la obligación de desmontar las instalaciones y restituir el monte a su estado anterior.