Los cuatro informes que encargó el Govern a expertos sobre la posibilidad de limitar las compras especulativas de vivienda en Cataluña avalan la idea de hacerlo de forma temporal y en zonas de mercado tenso. Entienden que la intervención pública en un mercado en el que hay diferentes condiciones de demanda (para vivir o para invertir), se ajusta a la legalidad vigente; que experiencias internacionales de regulación han reforzado la estabilidad residencial, y que la legislación catalana y urbanística apuntalan el uso residencial del suelo y la función social de la vivienda. Los autores son los juristas Carles Viver Pi-Sunyer, Fuensanta Alcalá y Pablo Feu, y el doctor en antropología económica Jaime Palomera. Feu, a petición del Plan Estratégico del Área Metropolitana de Barcelona, fue el primero en publicar en octubre pasado un estudio que afirmaba que prohibir las compras especulativas tiene encaje constitucional. Y es el único que propone y concreta recetas para regular desde el Gobierno, las comunidades o los ayuntamientos.

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